26 Octubre 2009 | By Katy Dowell
La libertad de expresión es el orgullo de Reino Unido, pero con ella nace el deber de responsabilidad. Por lo que cuando los editores de los periódicos empiezan a protestar de que sus libertades han sido restringidas, se convierte en una preocupación nacional.
El primer ministro Gordon Brown pidió la semana pasada un debate en la Cámara de Comunes sobre el incremento de la utilización de súper-interdictos contra periódicos.
Sin embargo, los abogados, están desconcertados por el revuelo, diciendo que no es una lucha nueva sino la consecuencia natural de la Ley de Derechos Humanos y la contradicción entre el Artículo 8, el derecho de privacidad y el artículo 10, el derecho a la libertad de expresión.
“Existe un mito sobre los súper-interdictos,” dijo Dominic Crossley socio de Steeles Law. “Los grupos de medios de comunicación crean la impresión de que son bombardeados con órdenes judiciales. Mi opinión personal es que no son las cifras que ellos dicen. Es más una excepción que una regla.”
Jennifer McDermott socia de Withers está de acuerdo: “Son requerimientos muy inusuales,” dijo. Explicando, si resulta que la orden judicial ha sido emitida erróneamente el solicitante es responsable de las pérdidas causadas al demandado.
“Tienes que enfocar esto sobre la base de que la órdenes judiciales no son fáciles de conseguir,” añadió Russell Jones & Walker jefe de prensa y difamación de Sarah Webb. “Es muy caro y los tribunales son conscientes de que es un paso draconiano. Nunca van a ser repartidas como aspirinas.”
Pero los abogados de los periódicos pensaron que se había ido demasiado lejos cuando una súper-interdictos extensiva a la Cámara de los Comunes, impedía al Guardian publicar datos sobre las preguntas parlamentarias hechas sobre la petrolera Trafigura. Carter-Ruck abogados de libelo de Trafigura intentaron detener la publicación de información sobre una pregunta realizada por el diputado laborista Paul Farrelly.
Gill Phillips, director legal de servicios editoriales del Guardian dijo: “Creo que existe un motivo real de preocupación sobre el uso de las llamadas súper-interdictos, particularmente cuando están relacionadas con un demandante corporativo anónimo y buscan impedir cualquier mención de la existencia de una demanda. Debemos recordar que tenemos un principio de justicia abierta en este país.”
La orden judicial del Guardian fue emitida inicialmente el 11 de septiembre, cuando el periódico quiso publicar un informe relacionado con una denuncia de que Trafigura estaba defendiendo el vertido de residuos tóxicos en la Costa de Marfil (The Lawyer, 23 de septiembre).
Ese caso fue resuelto sin que Trafigura reconociera responsabilidad. Al mismo tiempo que la petrolera también resolvía extrajudicialmente un caso contra el abogado de los demandantes, Martyn Day de Leigh Day & Co.
Carter-Ruck argumentó que la orden de mordaza también impedía que el periódico publicara detalles sobre las preguntas planteadas en Westminster. Esto provocó la indignación entre los diputados sobre por la amenaza al privilegio parlamentario y la orden fue retirada al día siguiente.
El primer ministro decidió entonces que era necesario un debate sobre las súper-interdictos.
Los abogados de los medios de comunicación respondieron al anuncia con cierto grado de escepticismo.
“El Parlamento necesita quitar presión de otras cosas que están pasando,” dijo uno. “Repentinamente todo el mundo está hablando sobre ello, ¿qué pasó con el debate sobre los gastos de los diputados?
Durante el debate parlamentario del 21 de octubre la ministra de justicia Bridget Prentice dijo que estaba alarmada por el uso desigual de las súper-interdictos y consideraría plantear nuevas directrices para el poder judicial.
Entre tanto, los medios de comunicación, lanzaron ataques contra Carter-Ruck por su participación en la orquestación de la orden judicial.
Los abogados de los medios de comunicación han salido en defensa de la firma, aceptando que podría ser un desastre de RP pero apuntando que Carter-Ruck solo estaba siguiendo los principios de derecho.
“La crítica a Carter-Ruck es injusta,” dijo Crossley. “Solo estaban siguiendo instrucciones que nadie conocerá nunda. Nadie sabe lo que ha ocurrido entre bastidores. Las órdenes se obtienen en los tribunales.”
“Carter-Ruck no lo inventó,” dijo otro socio de los medios de comunicación. “Tenía que verla (la orden judicial) sobre fundamentos de hecho y cómo se relaciona con el Tratado de Derechos Humanos.”
Hay ocasiones, sostuvo el abogado, en que el privilegio parlamentario puede ser restringido. “Por ejemplo, podría haber un diputado con problemas de salud – no hay ningún argumento de interés público en eso. En base a los hechos del caso podrías solicitar una orden judicial para impedir que el periódico lo publique.”
El Guardian dijo que había recibido por lo menos 12 órdenes impidiéndoles publicar durante el año pasado. Esto comparado con las seis de 2006 y cinco de 2005.
McDermott admitió que “parecía un poco excesivo” y dijo que estaba “particularmente sorprendida” que fuese el Guardian y no los tabloides quien hubiera hecho público las órdenes dictadas contra ellos.
“He defendido a periódicos que se enfrentan a demandas por violar la confianza e intrusión de la privacidad,” dijo McDermott. “También actúo para demandantes que hacen valer tales derechos. Solo en raras ocasiones he buscado auxilio judicial y solo cuando no se impone ninguna duda de defensa del interés público.”
Otro abogado comentó: “La dificultad es que los medios de comunicación odian cualquier cosa que limite su criterio.”
El laberinto jurídico entre el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión se espera sea aun más confuso el próximo mes cuando Ashley Cole jugador del Chelsea FC presente una demanda de privacidad ante del Tribunal Supremo contra el Grupo Mirror.
Graham Shear, que dejó recientemente Teacher Stern para unirse a Berwin Leighton Paisner (The Lawyer, 6 de agosto), instruyó a David Sherborne de 5 Raymond Buildings’ para Cole. Cole busca una indemnización por daños y perjuicios por unas acusaciones de que había mantenido algunos escarceos causando malestar a su esposa, Cheryl Cole.
Los abogados alegarán que Cole y su familia tienen el derecho a la privacidad y que algunas de las acusaciones eran en realidad incorrectas.
El Grupo Mirror estará representado por Julian Pike y Alexandra Marzec de Farrer & Co, también de 5 Raymond Buildings.
Cuando el Tratado de Derechos Humanos fue concebido, los Artículos 8 y 10 estaban destinados a entrar en conflicto, con los tribunales decidiendo determinando los límites.
Los medios de comunicación hacen bien en defender su parcela, pero no deberían intentar restringir el derecho de sus objetivos a quejarse. Los Artículos 8 y 10 sirven a los propósitos de todos, a pesar de lo que dicen los críticos.
Traducción de Mercedes
