EDITORIAL | El magistrado español Baltasar Garzón ha sido suspendido.
GUSTAVO KUHN | 15.05.2010 | 00:02
El magistrado español Baltasar Garzón ha sido suspendido. Pionero de la "justicia universal", tropieza en el intento de barrer su puerta. El que se había vuelto mundialmente conocido haciendo encarcelar en Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet habría caído al tratar de investigar los abusos del antiguo dictador, Francisco Franco. Puede parecer irónico: la justicia española se reserva el derecho de juzgar los crímenes cometidos en otros territorios, pero no los crímenes contra la humanidad perpetrados en el suyo propio.
La extrema derecha ha presentado una denuncia contra Garzón. Lo acusa de ignorar deliberadamente la ley de amnistía de 1977, que prohíbe todo procedimiento sobre las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil Española (1936-39), y la dictadura franquista (1939-1975). Los detractores del “Juez Estrella” en el poder judicial han aprovechó así la oportunidad.
La ONU ha llamado al orden a Madrid recordándoles: que este texto entra en conflicto con los Tratados Internacionales que España ha firmado. Los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. Esta ley es inconstitucional. Debería ser anulada. Pero las autoridades españolas han hecho oídos sordos. Y la derecha rechaza cualquier debate. Para no “dividir a la sociedad”. Como si España no lo estuviera ya. Ocultar una herida no la hace menos dolorosa.
La amnistía tal vez permitió, en su día, una “transición democrática”, pero ciertamente no reconcilió a la sociedad.
La caída de un juez no es con todo lo más impactante este asunto. Ya que la investigación, tardía, de Garzón probablemente no llevará a ninguno de los responsables ante los tribunales. Habría permitido al país reconocer su pasado. Y dar digna sepultura a alguno de los 11.000 desaparecidos españoles. Es este derecho de familias de las víctimas lo que los magistrados del Consejo General del Poder Judicial enterraron ayer. Por unanimidad.
Traducción de Mercedes
